México: El gobierno avanza contra las energías renovables y la secretaria de Energía lo justifica con argumentos de negadores del cambio climático

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Fuente: https://www.energias-renovables.com/

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador [imagen] ha enviado al Congreso una llamada iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por la que, con la pretendida intención de «fortalecer» la empresa estatal de electricidad, viene en los hechos a intentar materializar bajo aspectos legales, aunque inconstitucionales -según los críticos-, sus continuos ataques a las energías renovables, un gesto político que ha tenido desde el comienzo de su administración. En tanto, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, publica, y luego borra, un tuit con el que quiere justificar esa política a partir del vídeo de un negador del cambio climático por causas humanas.

«Fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (la Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional», se argumenta en el texto presentado al Congreso y que deberá ser tratado no más allá del 3 de marzo próximo. Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se juzga a la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica como «una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la CFE, electricidad más cara y contaminante».

En línea generales, en dicho proyecto de ley se plantea modificar el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas, con prioridad  a la producida por hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE respecto de las plantas privadas eólicas y fotovoltaicas, y por último las de ciclo combinado.

Otro aspecto de la propuesta es el cambio en las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) que pueden obtener las empresas particulares y elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que puede participar el sector privado para abastecer a la CFE.

Un punto no menor es que obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen.

Por último, ordena revisar la «legalidad y rentabilidad» de los contratos realizados por las anteriores administraciones con productores independientes de energía y que los nuevos permisos del sector estén «sujetos a los criterios de planeación» de la Secretaría de Energía (Sener).

Antecedentes contra las renovables
Ya se anticipó que no es la primera vez que desde el llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido en el que se encuadran las posiciones del gobierno, y que no pocos analistas colocan como heredero no confeso del Partido Republicano Institucional (PRI) se tenía una posición por lo menos no clara con las renovables. Lo anticipábamos en este artículo publicado en octubre de 2018, poco antes de la asunción del actual presidente bajo el título El enigma López Obrador.

El primer signo de que había una hoja de ruta no favorable se tuvo en febrero de 2019, cuando se decidió la cancelación de las subastas de largo plazo, las cuales impidieron la adición de nuevas fuentes de generación limpia al Sistema Eléctrico Nacional.

El anterior antecedente se tuvo en noviembre del mismo año, cuando el Gobierno modificó las reglas para la emisión de los Certificados de Energía Limpia, denunciado entonces por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), como la destrucción del «principal mecanismo para incentivar la inversión en energías renovables, sienta un precedente contrario a la confianza de los inversionistas». Esa modificación, se advirtió también, benefició directamente a la CFE, al permitirle cumplir con sus obligaciones en materia de energía limpia sin necesidad de invertir en nuevas instalaciones.

En mayo de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el ente estatal que maneja el Sistema Eléctrico mexicano, publicó una resolución -justificada en la situación provocada por la pandemia del covid-19- por la cual suspendió las pruebas operativas para las nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y decidió no conceder nuevas autorizaciones para aquellas que aún no hubieran realizado operación comercial.

En julio siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión provisional que acaba de ser confirmada definitivamente esta misma semana de la llamada Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, una resolución por la cual se intentó desde la Sener cambiar el criterio de despacho vigente, en el que se descartaba el criterio económico por uno nuevo de «confiabilidad». El argumento básico era que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.

El penúltimo último acto de este situación lo protagonizó a finales de diciembre el director de CFE, Manuel Bartlett, cuando a raíz de un corte generalizado que dejó a más de 10 millones de usuarios sin electricidad, llegó a explicar que los motivos del incidente se debieron a un incendio en Tamaulipas, desmentido por autoridades de ese estado, y a que «se han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables». Un episodio nunca aclarado desde la CFE es la presentación en una conferencia de prensa de un documento falso para acreditar la existencia del incendio mencionado.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, y sus argumentos
Quizá el punto más extravagante de toda esta situación haya sido un tuit publicado por la titular del Sener el pasado miércoles, en el que podía leerse:

Les compartimos este gran análisis realizado por @MarkPMills del Instituto Manhatan (sic), para la Universidad Prager, sobre las implicaciones y limitantes de las energías intermitentes y sus costos. Si bien vamos hacia una transición energética, está (sic) debe ser ordenada e informada.

A continuación, adjuntaba un vídeo en el que se veía al citado Mark Phillips dedicar casi seis minutos a minimizar la utilidad de las energías renovables, además de culparlas de generar a futuro una inmensa cantidad de desechos que serán imposibles de manejar. También menciona que reciben ingentes cantidades de dinero en concepto de subsidios.
(Aquí puede verse el vídeo)



Vale aclarar un punto: Mark Phillips es una las cabezas visibles de, efectivamente, el Instituto Manhattan, un think tank de corte conservador, que defiende a ultranza las posturas económicas neoliberales, que sostiene que el petróleo tiene todavía larga vida como generador de energía y que niega que el cambio climático es producto de la acción humana.

En este punto, llama la atención que la secretaria Nahle haya citado como defensa de la política energética de su gobierno las posturas de un líder de opinión y que gesta argumentarios para el ala más conservadora de los neoliberales. Habitualmente, desde el actual ejecutivo que preside López Obrador se lanzan diatribas contra las -afirman- políticas neoliberales seguidas por las anteriores administraciones que gobernaron el país,

Posiblemente, la titular del Sener se haya dado cuenta de ello, porque borró el tuit, aunque varios participantes de la red social no dejaron de rescatarlo y reproducirlo, además de hacer notar que no existe una universidad llamada Prager, sino que se trata de, justamente, como se define en Wikipedia, «una compañía de medios estadounidense sin fines de lucro que crea videos sobre diversos temas políticos, económicos y filosóficos desde una perspectiva conservadora». Allí también se lee «Gran parte de la financiación inicial de PragerU provino de los multimillonarios de la fracturación hidráulica (fracking) Dan y Farris Wilks». 

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